UPyD ve insuficiente nombrar Autoridad Pública a los profesores

UPyD presentó en febrero de 2008 el proyecto de Ley sobre “Autoridad del Profesorado”, que tenía como objetivo reforzar la autoridad de maestros y profesores con el fin de garantizar el derecho individual a la educación, mejorar la convivencia en los centros educativos y aumentar la calidad de la enseñanza.

La ley 15/2010, del 10 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, amplía el Decreto 39/2008 de abril, y reconoce la condición de autoridad pública para los directores y demás miembros del equipo directivo, así como para el resto de profesores de los centros educativos públicos, concertados y privados de enseñanzas regladas no universitarias. La condición de autoridad pública implica que los hechos constatados por los profesionales de la enseñanza gozarán de presunción de veracidad en sus declaraciones e informes sobre lo que Joaquin Andréu, candidato de UPyD a Les Corts por Alicante, opina que “en nuestra comunidad se excluye en esta Ley el PCPI, la FP de desempleados y la Formación Continua de trabajadores”.

Esta medida ha sido criticada por varios sectores educativos, calificándola de insuficiente. Según Andréu, “la calificación de Autoridad Pública del profesorado no debe ser una medida individual, debe ir acompañada con otras como la calidad de la enseñanza, la mediación, la educación en la tolerancia y los valores democráticos… y no sólo basarse en decretazos, pareciendo que con la reducción económica en educación, sólo se deben aprobar normas que no supongan un gasto”.

Unión Progreso y Democracia ya resumió su amplio programa de educación en 20 propuestas y luego se sentó en la mesa de negociación sobre el Pacto Educativo con 6 propuestas primordiales, entre la que se encontraba el reconocimiento de la autoridad del profesor y “una rectificación del fracasado modelo educativo; promoción de la educación pública de calidad igualitaria e integradora; una Ley de Financiación sostenible a largo plazo; la libertad de elección lingüística: la devolución de esa competencia al Estado; un currículo laico (en lo religioso, en lo identitario y en lo ideológico)”.

Según Andréu, portavoz de UPyD en la Vega Baja y candidato a las Cortes Valencianas por la provincia de Alicante, “mientras se lleven 20 años construyendo un colegio y utilizando barracones como aulas más de 30; mientras se permita la creación de guetos en las afueras de las ciudades; mientras no se regle el PCPI; mientras la elección lingüística sea una medida de marginación; ni seremos iguales, ni libres, ni tendremos las mismas oportunidades”.