Se ha decidido entre nuestra salud, nuestro futuro económico y la
sostenibilidad comarcal, o el mayor enriquecimiento de un imputado por
corrupción, que tiene en sus empresas más de 2.000 millones de euros en propiedades.
Joaquin Andréu, ha advertido de que “es incomprensible que el
Consorcio del Plan Zonal de Residuos de la Zona
XVII (comarca de la Vega Baja del Segura) haya adjudicado la
construcción del macrovertedero comarcal a la
UTE Cespa – Ortiz en Albatera, que está
siendo investigada en el caso de corrupción denominado Brugal, y en un proceso
de concesión con muchas irregularidades y falsedades".
Andréu, junto a otras personas, propone “que no se
realicen concesiones con irregularidades, pendientes de juicio, y que se
cumplan todas las leyes vigentes, tanto autonómicas, estatales, como europeas”.
Abogo por "la separación de los residuos, la proximidad de las plantas de
tratamiento de residuos, cumplir la normativa europea y estatal y otras medidas
racionales en política
medioambiental que hagan compatibles el desarrollo económico y
tecnológico con la protección del medio ambiente y especialmente de la
biodiversidad, potenciando el ahorro energético, la investigación del cambio climático
y las posibles medidas correctoras, la mejora de la legislación protectora de
espacios naturales, y la mejora progresiva de la calidad ecológica de las
ciudades y del conjunto del territorio, oponiéndonos a la destrucción de áreas
naturales sensibles por usos inadecuados".
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